La tragedia que ocurrió en el corregimiento de San Antonio de Prado de Medellín estuvo anunciada en más de una ocasión, sin embargo, sucedió lo mismo que con la tragedia de La Gabriela en Bello: las comunidades vulnerables únicamente son tenidas en cuenta cuando favorecen las agendas de los gobiernos.
Es bastante diciente el modo en ciertos gobernantes subestiman las advertencias de las comunidades frente a los riesgos que les amenazan y que ellas mismas conocen mejor que nadie. Cuando vemos a los líderes sociales reclamando atención del Estado para sus entornos lo que vemos son unas personas actuando como mendicantes frente a instituciones que les ignoran viéndolos como una molestia.
El problema de este tipo de violencia institucional es que no solamente se materializa en el menosprecio frente al ciudadano que reclama, sino también en un costosísimo y peligroso aumento del riesgo para la ocurrencia de las tragedias que configuran diferentes tipos de responsabilidades para el Estado y sus agentes.
Esta clase de responsabilidades que suelen configurarse por omisión (desde las patrimoniales hasta las penales) se pueden establecer a partir de unos requisitos básicos: i) la existencia del deber de evitación de un daño, ii) la previsibilidad de dicho daño y, iii) su no evitación, siendo posible.
Los riesgos que desencadenaron la tragedia de San Antonio de Prado tenían personas e instituciones a cargo de su manejo y control. Basta señalar que existe un departamento administrativo establecido para ello (el DAGRD) pero que desde los comienzos de la actual administración ha sido epicentro de escándalos por haber abandonado su misión por dedicarse a la movida burocrática y al atrincheramiento político a favor de los más cercanos aliados del alcalde Quintero.
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