El discurso de victoria del electo presidente, Gustavo Petro, generó especial polémica por su “solicitud” de liberación de los jóvenes encarcelados en el contexto de las protestas, a lo que prontamente respondió el fiscal Francisco Barbosa que para ello se debe tramitar una Ley en el Congreso, mientras muchas personas se preguntan si por esta declaración política del nuevo mandatario lo que se avecina es una amenaza para la división de poderes o un esperado “tatequieto” a ciertos abusos de esta fiscalía.
Lo primero que debe decirse en torno a esta discusión es que el presidente no tiene facultades constitucionales para darle órdenes al fiscal general con el fin de liberar personas. Sin embargo, y, en justicia, con el contexto en el que se daba el discurso, el electo mandatario tampoco estaba dándole órdenes al Fiscal, ni siquiera anunciándolas, sino haciendo una declaración política en el marco de un discurso que reivindicaba a los jóvenes que han enfrentado diversos sacrificios por protestar.
Lo dicho por Petro no fue lo más prudente, pero tampoco se trató de un desafío o amenaza a la separación de poderes. No fue prudente porque, si lo que quería decir era que este Fiscal ya no iba a seguir actuando bajo las órdenes de un gobierno que le pidiera encarcelar jóvenes (como indudablemente ocurre ahora), bastaba simplemente que le dijera que el nuevo gobierno no cree que los jóvenes encarcelados sean terroristas, y que les va a respaldar con la Constitución en la mano para que salgan pronto.
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