La hipocresía del Estado y la sociedad en Colombia frente al problema carcelario ha sido grotesca. Por una parte, a ninguno le faltan lamentaciones por la cloaca en la que hemos convertido las prisiones y otros sitios de detención, pero, por otra parte, son muy pocas las voces que reclaman un cambio en la política de privaciones de la libertad porque la “mano dura” se terminó volviendo un fetiche.
Se supone que aborrecemos las condiciones inhumanas de la prisión y quisiéramos menos hacinamiento, pero al mismo tiempo somos incapaces de hacer algo al respecto porque en el fondo creemos que las personas que están allí se lo merecen, o incluso que a la sociedad le conviene tener un instrumento de terror para ejercer el control social y, en algunos casos, también se cree que este tipo de oprobios le sirve a la sociedad para distinguir a los buenos de los malos, recordando lo distinguidos que se supone que “somos” aquéllos.
Pero lo cierto es que vivimos engañados. En la prisión no están los principales delincuentes, sino los más perseguidos e incapaces para evitar ser atrapados. La mayor parte de la población carcelaria en Colombia la integran personas jóvenes entre 18 y 25 años, de escasa formación académica, muchos sin bachillerato, además que pertenecen a los más bajos estratos socioeconómicos.
Lea acá la columna completa: https://www.puntodevistardb.com/2022/08/raponeros-de-oficina/