Por estos días la reconocida psiquiatra experta en temas de salud pública, Carolina Corcho, ha sido objeto de una feroz cadena de críticas infundadas debido a la razonable posibilidad que tenía de ser designada ministra de salud habiendo tenido la osadía de enfrentarse (siendo mujer, y, en tono desafiante) desde hace varios años a las injusticias originadas en la mercantilismo y la intermediación financiera y administrativa de la salud por parte de las EPS en nuestro maltrecho sistema.
Corcho ha liderado luchas a favor de los derechos de las personas trabajadoras del sector de la salud, incluso desde la residencia universitaria ha señalado desde mucho antes que fueran obviedades, las principales deficiencias del sistema de salud de nuestro país. Promovió, en conjunto con diversas agremiaciones profesionales y científicas la Ley Estatutaria de la Salud que permitió elevar esta prerrogativa al rango de derecho fundamental de aplicación directa, y ha sido una de las más destacadas partícipes en la formulación de la propuesta de reforma estructural al sistema de seguridad social en salud del programa de gobierno de Gustavo Petro.
¿Cuál era el interés en impedir que fuera ministra? Las principales críticas que le formulan a la Dra. Corcho se refieren a varias de sus declaraciones sobre el sistema de salud durante la pandemia: señaló que la estructura del sistema permite que se presenten muertes evitables, además que aseguró que se permitieron aglomeraciones innecesarias de manera prematura durante los picos de contagios, y que la reforma que debían acoger los candidatos presidenciales debía incluir la terminación de la intermediación que ejercen las EPS.
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