La prohibición que tienen los servidores públicos para hacer proselitismo tiene un objetivo tan simple como claro: que no se utilice el poder público para favorecer candidaturas.
Es por tal razón que la prohibición se dirige hacia quienes ejercen autoridad administrativa o administran recursos públicos, y resultaría desproporcionado impedirles a trabajadores de niveles intermedios o de base que concurran, por ejemplo, a reuniones con candidatos o que expresen sus preferencias políticas.
Se ha discutido desde hace mucho tiempo si merece la pena que se mantenga esa prohibición, pues resulta que, de todos modos, los servidores que ejercen poderes capaces de favorecimientos electorales relevantes apoyan candidatos sin mostrarse “de frente”, y así como las ollas de vicio, todo el mundo sabe dónde están, aunque digan taparse.
De todos modos, la violación generalizada de la Ley no significa justificación para violarla, y su obligatoriedad no depende de nuestra aceptación.
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