La cumplida amenaza de Ingrid Betancur de abandonar la Coalición Centro Esperanza luego de haber exigido que se rechazaran determinadas “maquinarias” políticas ha servido para todo tipo de comentarios y burlas, excepto para lo más importante en torno al tema: ¿deberían existir criterios para sancionar políticamente a los dirigentes que hayan sido objeto de cuestionamientos sociales o judiciales, aún sin haber sido condenados? Y en caso afirmativo, ¿cuáles deberían ser esos criterios?
La respuesta a la primera pregunta debe ser afirmativa porque de lo contrario tendríamos que aceptar entonces que no importa nada de lo que haga un dirigente político mientras un juzgado a través de la condena nos “otorga el permiso” de sancionarlo en la esfera social. En ese caso tendríamos que concluir con que la lucha contra la corrupción depende siempre de los operadores judiciales.
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